La desaparición de personas en México continúa siendo una herida abierta que lacera a miles de familias, un problema que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó este martes con un tono de urgencia y compromiso. Durante su habitual conferencia matutina, la mandataria reconoció que, pese a los esfuerzos, el país sigue enfrentando una crisis dolorosa que exige acciones concretas y un cambio de enfoque en la atención a las víctimas.
“Es una situación que nos duele a todos y nuestra obligación es no solo acompañar a las familias, sino dar con los responsables y erradicar cualquier forma de reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes”, afirmó Sheinbaum. Su declaración reflejó una postura clara: el Estado no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos en circunstancias que van desde la violencia criminal hasta posibles abusos de autoridad.
Entre las medidas anunciadas, la mandataria destacó un giro radical en el protocolo de atención a los colectivos y familiares. A partir de ahora, explicó, se abrirá una carpeta de investigación de manera inmediata al presentarse una denuncia, un cambio que busca evitar demoras burocráticas que, en el pasado, han obstaculizado las búsquedas. “No podemos permitir que el tiempo se convierta en un enemigo más para las familias”, subrayó.
Además, Sheinbaum detalló el fortalecimiento de un sistema de alerta temprana que, una vez activado, notificará a aeropuertos, puertos, instituciones bancarias y otros puntos estratégicos para agilizar la localización de personas desaparecidas. La medida, aseguró, busca cerrar los espacios por donde podrían moverse los responsables o las víctimas, reduciendo así las posibilidades de que los casos queden en la impunidad.
La presidenta también respondió a las críticas de colectivos que han señalado la posible participación de elementos de seguridad en algunas desapariciones. Sin evadir el tema, afirmó que el Estado tiene la capacidad y la voluntad de investigar a sus propios agentes si existen indicios de su involucramiento. “Nadie está por encima de la ley, y si hay servidores públicos que han incurrido en estos delitos, serán sancionados con todo el peso de la justicia”, sentenció.
El mensaje de Sheinbaum buscó transmitir no solo empatía, sino también determinación. Sin embargo, las palabras deberán traducirse en resultados tangibles para las miles de familias que, día tras día, exigen respuestas. La desaparición de personas en México no es solo un problema de cifras —que superan los 110,000 casos registrados desde 1964—, sino una tragedia humana que ha dejado un rastro de dolor, incertidumbre y, en muchos casos, impunidad.
La promesa de un nuevo modelo de atención, aunque necesaria, llega en un contexto donde la confianza en las instituciones sigue siendo frágil. Los colectivos de búsqueda, que han sido clave en la localización de fosas clandestinas y en la presión para que el Estado actúe, exigen no solo cambios administrativos, sino también garantías de que las investigaciones avanzarán sin obstáculos. La pregunta que persiste es si estas medidas lograrán romper con los vicios del pasado: la lentitud en las indagatorias, la falta de coordinación entre autoridades y la revictimización de quienes denuncian.
Mientras tanto, las familias siguen en la calle, con fotografías en mano y la esperanza de que algún día la justicia llegue. Para ellas, cada anuncio oficial es un recordatorio de que el tiempo no se detiene, y que cada minuto cuenta cuando se trata de encontrar a un ser querido. La desaparición forzada, en todas sus formas, sigue siendo uno de los mayores desafíos para el país, y su solución requiere algo más que discursos: exige acciones contundentes, recursos suficientes y, sobre todo, la voluntad política de enfrentar un problema que ha marcado a generaciones enteras.
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